Entre las propuestas ofrecidas al Estado, González señaló que las familias pretendían que el Estado les abone por las mejoras edilicias realizadas en el lugar o que directamente los terrenos sean transferidos.
«Que se abone la mejora no corresponde, todo lo contrario, deben al Estado eventualmente por el alquiler y usufructo de los inmuebles», argumentó el procurador, señalando una tercera oferta, que consiste en que «se les arriende el inmueble pero para eso el Estado debe tomar dominio».
Ante esta situación, mantuvo una postura tajante, manifestando que no se encuentran en una posición de negociación, sino que buscan recuperar los inmuebles.
«Para nosotros ninguna de las opciones es válida. El Estado no plantea una negociación, plantea el dominio de lo que le pertenece», concluyó.