“Es una inversión bastante fuerte, tenían hasta un transformador que podría abastecer a unas 4.000 familias”, contó Fernández.
Por otra parte, refirió que la investigación se encuentra a manos del Ministerio Público, señalando que el perjuicio mensual para la ANDE superaba los G. 800 millones mensuales. “El propietario deslindó responsabilidades, ya que presentó un contrato de alquiler”, puntualizó el asesor jurídico.
Finalmente, enfatizó que desde la estatal iniciaron una lucha frontal contra este tipo de actividades, debido al gran perjuicio económico que puede causar y los inconvenientes que generan para los usuarios.
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