En septiembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó la salida de Marco Aurelio González, quien fue designado como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Desde entonces, Rubén Elidio Gaona quedó al frente de la institución en carácter de “encargado de despacho”, situación que se mantiene hasta la fecha.
Sin embargo, la Ley N.º 6837, que reglamenta disposiciones constitucionales sobre la Procuraduría General, establece en su artículo 7° que “el Procurador General será nombrado por decreto del Poder Ejecutivo”, requisito que no se ha cumplido desde hace nueve meses.
En su momento trascendió que Samuel Rojas Caballero, hijo del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, y funcionario del Gabinete Civil de la Presidencia, sería designado como sucesor de Marco Aurelio González. No obstante, el nombramiento nunca se concretó y, a nueve meses de la vacancia, el cargo sigue sin un titular oficialmente designado.
Registros oficiales de pagos muestran que Rubén Gaona, pese a figurar administrativamente como “asesor legal”, obtuvo desde febrero último un incremento cercano a G. 4 millones en su remuneración, pasando a percibir más de G. 24 millones mensuales. Anteriormente cobraba poco más de G. 21 millones.
Funcionarios y personas vinculadas al funcionamiento de la institución sostienen que el salario que actualmente percibe Gaona corresponde al de un Procurador General y no al de un encargado de despacho o asesor legal. Por ello, consideran que el pago podría resultar irregular al no existir un decreto del Poder Ejecutivo que lo nombre formalmente en el cargo.
A esta situación se suma que el encargado de despacho firma documentos como “Procurador General de la República”. También existen denuncias sobre la falta de auditores dentro de la institución, situación que, según fuentes internas, ha generado un escenario de escasos controles administrativos.
Mientras tanto, continúan los comisionamientos de funcionarios a otras entidades públicas. Uno de los casos es el de Pablo José Morínigo Cáceres, quien se desempeñaba como delegado procurador y desde mediados de mayo asumió como Director Jurídico del IPS, cargo que anteriormente ocupaba José Antonio González Maldonado, hermano de Marco Aurelio González.
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