De acuerdo con la pesquisa, un operario de máquinas de uno de los laboratorios habría compartido mediante WhatsApp imágenes y datos correspondientes al protocolo de una fórmula maestra en desarrollo con una funcionaria de una empresa competidora. Según explicó la fiscal Viviana Duarte, la mujer se desempeñaba como jefa del área de investigación del otro laboratorio.
La agente del Ministerio Público señaló que la información compartida tenía carácter reservado y estaba vinculada a un medicamento que aún no había sido lanzado al mercado. Según relató, la situación fue detectada tras una denuncia interna que posteriormente llegó a conocimiento de los directivos de la empresa afectada, quienes formalizaron la denuncia ante las autoridades.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público realizó allanamientos simultáneos en ambos laboratorios para la recolección de evidencias. Posteriormente, también fue allanada la vivienda del operario investigado, donde fueron incautados dispositivos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a pericias.
Duarte indicó que los investigadores obtuvieron evidencias preliminares que apuntarían a la existencia de intercambios de mensajes relacionados con la fórmula. Sin embargo, explicó que aún se encuentra pendiente la extracción y el análisis completo de los datos contenidos en los dispositivos incautados para determinar el alcance de la comunicación y establecer si existió algún beneficio económico o contraprestación.
“Al parecer había una relación de amistad entre ellos”, manifestó la fiscal al referirse al vínculo entre los dos imputados, aunque aclaró que la investigación continúa para determinar todas las circunstancias del caso.
Asimismo, señaló que el operario había firmado una cláusula de confidencialidad con la empresa para la que trabajaba, por lo que, según la hipótesis fiscal, tenía conocimiento de las restricciones sobre la divulgación de información relacionada con productos en etapa de desarrollo.
La causa fue caratulada como presunta revelación de secreto privado. El trabajador fue imputado como autor del hecho, mientras que la funcionaria del otro laboratorio fue imputada como instigadora. Según explicó Duarte, la legislación contempla una pena de hasta tres años de prisión para este tipo de delitos, aunque podría elevarse hasta cinco años en caso de comprobarse que la conducta estuvo motivada por un beneficio patrimonial.
La fiscal precisó además que la mujer cuenta actualmente con medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras que el hombre cumple arresto domiciliario. La investigación sigue en curso y los resultados de las pericias sobre los dispositivos electrónicos serán determinantes para definir los próximos pasos del proceso.
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