Mientras tanto, Claro ya despliega la nueva tecnología con unas 100 radiobases instaladas y miles de usuarios conectados.
La diferencia entre ambas adjudicatarias profundiza los cuestionamientos sobre la actuación del ente regulador. Nubicom obtuvo la licencia en octubre de 2025 junto con Claro, pero hasta hoy no existen evidencias públicas de una red comercial en funcionamiento. El caso alimenta interrogantes sobre si se trata de una grave deficiencia administrativa o de un proceso que requiere una investigación por posibles irregularidades.
La adjudicación del 13 de octubre de 2025 representó una recaudación cercana a los US$ 4 millones para el Estado. Sin embargo, la obligación contractual establecía que el servicio debía estar operativo en un plazo máximo de 180 días, compromiso que, según las verificaciones realizadas por Ñanduti, no fue cumplido por Nubicom.
Las investigaciones periodísticas revelaron además una serie de inconsistencias que nunca fueron aclaradas por Conatel. Entre ellas figuran las dudas sobre el cumplimiento del requisito de contar con 100.000 abonados para participar del proceso y la ausencia de infraestructura operativa en el predio de Teisa, en el barrio Villa Morra, donde supuestamente debía funcionar tanto la operación técnica como la comercial de la empresa.
Pese a este escenario, Conatel anunció en las últimas horas una nueva adjudicación de espectro 5G a favor de Tigo y Personal, luego de que ambas empresas cumplieran con las condiciones establecidas en el proceso. Con estas nuevas concesiones, el organismo espera recaudar aproximadamente US$ 2,6 millones adicionales.
La suma de ambas licitaciones elevará los ingresos del Estado a apenas US$ 6,6 millones, una cifra que contrasta con los más de US$ 180 millones que las operadoras desembolsaron en 2017 para acceder a las frecuencias 4G.
La diferencia supera los US$ 170 millones y reabre el debate sobre si la política de asignación del espectro radioeléctrico responde a una estrategia de modernización o si terminó ocasionando un millonario perjuicio al patrimonio público.
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