La Fiscalía afirma que está acreditado que Hernán Rivas no es abogado y enfrenta una expectativa máxima de pena de 11 años de cárcel

La fiscal Patricia Sánchez afirmó que para el Ministerio Público está acreditado que el exsenador Hernán David Rivas no posee título válido de abogado, en el marco del inicio del juicio oral y público que enfrenta el exlegislador.

«Totalmente, de hecho la acusación formulada implica una promesa probatoria y para llegar a eso se tiene que llegar a una convicción, y creemos que con los elementos de pruebas colectadas que son documentales, testimoniales, lograremos poder acreditar ante el Tribunal los hechos acusados», sostuvo.

Rivas está acusado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de esos documentos. «Concretamente se le acusa tres porciones fácticas que son la obtención de tres documentos públicos de contenido falso, valiéndose para ello de un título y un certificado que carecen de validez», explicó Sánchez.

La fiscal enumeró los documentos cuestionados. «Los documentos públicos de contenido falso obtenidos con la constancia falsa de abogado son la resolución de Diputados que le asigna la representación de ese órgano ante el JEM, la obtención de la matrícula de abogado, y la resolución del Senado que lo vuelve a asignar representante ante el JEM», agregó.

Sánchez detalló además la situación actual del exlegislador frente al gremio de abogados. «Él tiene una medida cautelar de carácter administrativo dictada por la Corte que le suspendió la matrícula», indicó.

Sobre la posible sanción, la fiscal señaló que Rivas podría enfrentar una expectativa máxima de pena de 11 años.

En cuanto a la defensa del exsenador, que estará a cargo de un defensor público, Sánchez indicó que «es constitucional que cuente con una defensa técnica ya sea pública o privada. Los defensores públicos son muy buenos, no suelen prestarse a cuestiones dilatorias».

En marzo de este año, la fiscal Sánchez denunció haber recibido un mensaje atribuido a un senador nacional en el que se le advertía sobre posibles consecuencias en su cargo si avanzaba con un recurso en una causa penal. Consultada sobre el punto, dijo que desde entonces ya no recibió amenazas. «Se activó el protocolo», concluyó.


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