Casi tres horas duró la reunión entre la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y senadores de distintas bancadas, convocada por la Mesa Directiva del Congreso para responder preguntas sobre la situación vial en Pedrozo, donde el 15 de agosto pasado fallecieron seis personas, entre ellas dos funcionarios del Congreso Nacional.
La reunión arrancó con condolencias de la ministra y derivó rápidamente en un tenso cruce. Centurión intentó poner en perspectiva histórica la crisis de Pedrozo: «Siempre ha presentado y durante años condiciones que han requerido una atención especial. La accidentabilidad es previa a la administración, incluso previa al semáforo», afirmó. Describió una cadena de hechos que arranca en el gobierno de Horacio Cartes, pasa por el de Mario Abdo Benítez y llega hasta el suyo, donde dijo encontrar «una ruta duplicada, un semáforo funcionando, una rampa de emergencia, una trágica historia de accidentes y la solución a desnivel pendiente».
Frente a eso, el disidente Mario Varela fue tajante: «El Estado es uno solo; a partir de la asunción al cargo, uno asume responsabilidades. La responsabilidad es hoy, de este Estado».
Centurión defendió un avance del 93% en las obras y achacó las demoras a los procesos judiciales de expropiación de terrenos. Destacó que con la intervención de la Procuraduría General de la República se liberaron 151 de los más de 220 expedientes pendientes, lo que ocurrió apenas 12 días antes de la tragedia. «Esta es la muestra más clara de que mi administración jamás se detuvo en los procesos conducentes a materializar el paso desnivelado», remarcó. También confirmó que ya se desembolsaron más de USD 400 millones de los USD 517 millones anuales del contrato con Rutas del Este, y se comprometió a entregar al Senado toda la documentación relacionada con las obras.
La oposición no quedó conforme. El senador Rafael Filizzola lo dijo sin filtros: «Esta reunión no puede ser más tercermundista. No pueden ser más mediocres todas las explicaciones que nos están dando». Walter Kobylanski fue igualmente duro: «Usted, al asumir como ministra, asume una responsabilidad política le guste o no le guste. En cuanto a la responsabilidad, creo que el puesto le queda grande». La senadora Celeste Amarilla (PLRA) fue más técnica en su cuestionamiento: «Ustedes no le mataron a esa gente, pero por omisión no hicieron nada. La culpa tiene tres elementos: la imprudencia, la impericia y la negligencia, y ustedes cumplen las tres partes».
Líder Amarilla (PLRA) cuestionó además por qué se firmaron adendas de más de USD 230 millones —casi el 50% del contrato original— y señaló que el diseño del viaducto es un error en sí mismo. El liberocartista Dionisio Amarilla calificó de vergonzoso el retraso de las obras y le pidió mano dura con la constructora.
El senador Ignacio Iramain (independiente) insistió en que lo que correspondía era una interpelación formal, no una reunión: «Nos permite hablar frente a todos los senadores, tener mayor alcance. No hay que tenerle miedo a una herramienta de la democracia».
El cartismo tomó otra dirección. El senador Silvio Beto Ovelar exhibió un video de circuito cerrado del accidente y señaló que el camión probablemente circulaba a más de 100 km/h —el doble de lo permitido— antes de alcanzar la rampa. «Con semáforo y sin semáforo, ese vehículo iba a llevar por delante todo», dijo. El líder de Honor Colorado, Natalicio Chase, también responsabilizó al camionero y apuntó contra el Poder Judicial por las demoras en la liberación de terrenos. El presidente del Congreso, Bachi Núñez, amplió el foco hacia normativas de tránsito, la inspección técnica vehicular (ITV) y el seguro obligatorio.
El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, fue el más directo en alertar sobre las consecuencias para la ministra: «Probablemente si se abriera una investigación penal, tendría responsabilidad en el caso. No hay freno que aguante en una pendiente así».
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