Una serie de denuncias señala que el manejo de las tarjetas magnéticas de combustible en la Agrupación Motorizada de la Policía Nacional habría quedado en manos de un uniformado apartado y luego dado de baja, con el presunto aval del jefe de la unidad, Juan Carlos Cano.
El manejo y la distribución de las tarjetas magnéticas de combustible en la Agrupación Motorizada de la Policía Nacional quedaron bajo cuestionamiento a raíz de una serie de denuncias que involucran al jefe de la unidad, Juan Carlos Cano, y al subcomisario Armando Alejo Aguilera Acosta, quien se desempeñaba como jefe de Transporte.
El decreto que dispone la baja de Aguilera Acosta lleva fecha del 31 de agosto, aunque la Dirección Disciplinaria Interna ya lo había apartado de sus funciones antes de esa fecha. Pese a ello, audios y documentos indican que el uniformado habría continuado manejando la distribución de las tarjetas y los cupos de combustible, presuntamente apadrinado por el propio Cano.
Consultado sobre el caso, el comisario Juan Fretes, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, explicó que Aguilera Acosta está siendo procesado por abandono de cargo, tras dejar sus funciones durante 22 días. «Lo que entiendo y tengo acceso a la información es que por abandono de cargo está siendo procesado, por abandonar 22 días el cargo. Ahora bien, las cuestiones propias de la mala utilización de la Policía Nacional y de los recursos del Estado son metidos dentro del proceso y van a quitar los dictámenes correspondientes referente a esa mala gestión», agregó.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a una reducción de los cupos de combustible asignados por servicio. Según la denuncia, antes se habilitaban hasta G. 100.000 por servicio, monto que actualmente se habría reducido a G. 30.000 e incluso G. 25.000.
Los denunciantes sostienen que diariamente se cumplen entre seis y siete servicios y que el cupo se renueva al día siguiente. Afirman además que agentes destinados a servicios fuera de la zona, entre ellos los enviados a Encarnación, Itapúa, durante el Campeonato Mundial de Rally, habrían tenido que cubrir de su propio bolsillo los gastos de combustible cuando no mantenían una buena relación con los responsables de la distribución, entre ellos Aguilera Acosta.
El caso se da en un contexto de depuración dentro de la institución. Según confirmó Fretes, durante el Gobierno de Santiago Peña ya son 109 los policías dados de baja, entre ellos 44 agentes sumariados que quedaron fuera de las filas mediante una masiva nómina de decretos emitida recientemente por el Poder Ejecutivo. «La institución policial está evolucionando en el sentido de poder depurar las filas», sostuvo el comisario.
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