La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público formuló una acusación formal contra Miguel Prieto Vallejos, precandidato a la Presidencia de la República y ex intendente de Ciudad del Este, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos que eleve la causa a juicio oral y público.
La acusación, presentada por los agentes fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio Corbeta Dinamarca, corresponde a la Causa N° 8.542/2020, caratulada «Miguel Prieto Vallejos y otros s/ Lesión de Confianza». Además de Prieto Vallejos, acusado como autor del hecho punible tipificado en el artículo 192, inciso 1°, del Código Penal, fueron acusados como cómplices Sebastián Martínez Insfrán, ex director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este, y Valeria Fabiana Romero Escobar, presidenta del Consejo Municipal de esa ciudad.
Según el requerimiento fiscal, entre los años 2019 y 2022, cuando Prieto Vallejos era intendente municipal, el municipio transfirió un total de Gs. 11.295.555.300 al Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, presidido por el bioquímico Walter García, con el objetivo de financiar la compra de equipos e insumos médicos y el mejoramiento de la infraestructura del Hospital Regional de Ciudad del Este. Los fondos provenían de las recaudaciones por dársenas, cánones y alquileres cobrados a las empresas de ómnibus de la terminal municipal, reguladas por las ordenanzas municipales N° 021/19 y N° 024/19.
Con esos recursos, el Consejo Local de Salud suscribió ocho contratos entre 2020 y 2022 para la refacción, construcción y reforma de distintas dependencias del hospital, entre ellas pabellones de UTI, aislamiento para infectados y el área de Traumatología, adjudicados en su totalidad a las empresas SERVMAQ y M&M Constructora. La Fiscalía sostiene que esas obras presentaron diferencias entre los montos abonados y lo efectivamente construido o ejecutado, lo que habría generado un perjuicio patrimonial aproximado de Gs. 757.166.276 a las arcas municipales.
El expediente señala que las diez órdenes de pago que materializaron las transferencias fueron firmadas por el propio Prieto Vallejos, sin que se designara un fiscalizador de obras, sin dictámenes que certificaran la ejecución de los trabajos y sin ajustarse a los mecanismos de control previstos en las resoluciones municipales N° 167/IM de 2007 y N° 312/IM de 2016, que regulan las transferencias de fondos a entidades sin fines de lucro como el Consejo Local de Salud.
La acusación cuestiona particularmente la adjudicación a M&M Constructora, que según la investigación no sería una empresa constructora real, sino un estudio contable a cargo de Cinthia Noelia Alen Guerrero, quien además se desempeñó como funcionaria municipal entre 2020 y 2021. Pese a no contar con capacidad técnica ni solvencia económica para una obra de la magnitud contratada, la firma fue adjudicada por unanimidad con un contrato de Gs. 3.075.179.485 para trabajos en el Pabellón de Trauma del hospital, en un proceso que, según la Fiscalía, careció de un concurso real de ofertas.
En cuanto a SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, el expediente detalla que la empresa recibió diez licitaciones públicas por un total de Gs. 15.113.270.053 entre 2019 y 2025 durante la gestión de Prieto, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La última de esas adjudicaciones, por Gs. 2.500.000.000, fue firmada el 13 de junio de 2025, dos días después de que el Poder Ejecutivo resolviera la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante el Decreto N° 4.058.
La Fiscalía remarcó que ninguno de los ocho contratos de obra fue controlado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que hubiera permitido mayor transparencia en el proceso de adjudicación, y que las obras tampoco fueron supervisadas por fiscalizadores municipales, como correspondía según la normativa vigente.
El requerimiento fiscal precisa además que, a través de las rendiciones de cuentas presentadas por el Consejo Local de Salud, le fue comunicado oficialmente a Prieto Vallejos que las empresas adjudicadas eran las mismas firmas que ya habían sido beneficiadas con anterioridad en otros contratos. Pese a contar con esa información y con la facultad, como ordenador de gastos, de exigir el cumplimiento de los trabajos no ejecutados, la Fiscalía sostiene que el entonces intendente no ejerció ningún mecanismo de control.
En ese sentido, el Ministerio Público concluyó que la conducta de Prieto Vallejos fue dolosa. «El mismo tuvo la oportunidad de contratar empresas de construcción y controlar que las mismas realicen las obras efectivamente, sin embargo no actuó en consecuencia», señala el escrito fiscal, que además remarca que el entonces intendente tuvo la posibilidad de convocar licitaciones públicas transparentes, pero optó por canalizar los fondos a través de una organización sin fines de lucro, dejando en sus manos la selección de las empresas constructoras.
La Fiscalía sostiene que el patrimonio afectado corresponde a la Municipalidad de Ciudad del Este y, en última instancia, al Estado paraguayo y a los contribuyentes, y que el perjuicio se concretó mediante autorizaciones de pago irregulares que derivaron en el libramiento de cheques por obras no certificadas ni constatadas por la comuna.
Con base en estos elementos, el equipo de agentes fiscales solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos que admita la acusación y las pruebas presentadas, y que ordene la elevación de la causa a juicio oral y público para su sustanciación. Se trata de una acusación fiscal, no de una condena: los acusados mantienen la totalidad de sus derechos procesales y deberán ser juzgados en el marco del debido proceso.
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