La investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank S. A. avanzó este jueves 5 de noviembre con nuevas medidas judiciales y diligencias fiscales. La Justicia ordenó la prisión preventiva de seis imputados, mientras que otra resolución dispuso restricciones sobre bienes y cuentas bancarias de 34 personas físicas y jurídicas. Paralelamente, el Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria de 27 imputados y 20 empresas.
Las actuaciones forman parte de la causa n.º 89/2026, caratulada «Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros», en la que se investigan operaciones financieras realizadas durante los años 2025 y 2026.
Según la hipótesis fiscal, integrantes de la administración de Ueno Bank habrían autorizado o permitido operaciones que comprometieron los activos de la entidad, principalmente mediante préstamos y sobregiros de importantes montos a sociedades vinculadas, sin evaluaciones financieras adecuadas o garantías suficientes.
Justicia ordena prisión preventiva para seis imputados
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 359, fechado el 5 de noviembre de 2026, el juzgado decretó la prisión preventiva de seis personas investigadas por su presunta participación en los hechos.
La medida alcanza a Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
De acuerdo con la resolución, Vázquez Villasanti fue identificado por la Fiscalía como vicepresidente primero y beneficiario final de Ueno Bank. Gustale, Rey Fernández, Gómez Abente y Duarte Schussmuller fueron señalados como integrantes del directorio, mientras que Almada Frutos se desempeñaba como síndico.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Vázquez Villasanti y medidas alternativas para los otros cinco imputados. Sin embargo, el juzgado terminó ordenando la reclusión preventiva de los seis.
Las defensas plantearon distintas alternativas, entre ellas arresto domiciliario con tobilleras electrónicas y cauciones personales o reales, ofreciendo inmuebles como garantía.
El juzgado consideró que las garantías presentadas no estaban suficientemente acreditadas, principalmente por la falta de documentación registral definitiva que permitiera verificar la disponibilidad de los bienes ofrecidos.
También evaluó el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar que los imputados permanezcan sometidos al procedimiento judicial.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad.
Bloquean cuentas y restringen bienes de 34 personas y empresas
En otra resolución judicial dictada en el marco de la misma investigación, se dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes, además de la inmovilización preventiva de cuentas bancarias correspondientes a 34 personas físicas y jurídicas.
La medida responde a un requerimiento presentado por el Ministerio Público el 4 de noviembre y tiene como finalidad preservar bienes y fondos que eventualmente puedan responder por los daños económicos investigados.
Entre las personas mencionadas en la resolución figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Ángel Almada Frutos, José Augusto Sala Cardozo y Sergio Pizurno.
Las restricciones también alcanzan a otras personas y sociedades individualizadas en el expediente judicial.
El juzgado ordenó comunicar la decisión al Banco Central del Paraguay (BCP), a fin de que las entidades bancarias y financieras procedan conforme a la medida e informen sobre las cuentas alcanzadas.
Asimismo, dispuso notificar a la Dirección General de los Registros Públicos para hacer efectiva la prohibición de vender o gravar bienes. La institución deberá informar sobre el cumplimiento dentro de las 48 horas posteriores a recibir la comunicación judicial.
La resolución aclara que las medidas patrimoniales son provisionales y no constituyen sanciones anticipadas ni declaraciones de responsabilidad penal.
Fiscalía pide informes de 27 imputados y 20 empresas a Seprelad
En paralelo a las decisiones judiciales, la agente fiscal Yeimy Adle solicitó a Seprelad información financiera y societaria relacionada con 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas mencionadas en la investigación.
El requerimiento fue formulado este jueves 5 de noviembre mediante una nota dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de Seprelad, Liliana Alcaraz de Recalde.
La solicitud comprende antecedentes vinculados a personas relacionadas con la administración del banco y a distintas sociedades que aparecen en las diligencias fiscales.
Entre las empresas mencionadas se encuentran Mowi S. A., Grupo Hendy S. A., Grupo M S. A., Tuiu S. A., Franede S. A., Aime S. A. Corredores de Seguros, Vinanzas S. A. e ITTI S. A. E. C. A., además de otras firmas.
La Fiscalía estableció un plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de la nota, para que la información solicitada sea remitida en formato digital.
El objetivo es reunir antecedentes financieros y societarios que permitan profundizar el análisis de las operaciones investigadas y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.
Investigan préstamos, sobregiros y transferencias entre empresas
De acuerdo con los antecedentes recogidos en el Auto Interlocutorio N.º 359, la investigación fiscal se concentra en operaciones financieras que habrían comprometido negativamente los activos de Ueno Bank.
Entre los hechos examinados figuran préstamos y sobregiros otorgados a sociedades relacionadas directa o indirectamente con el grupo económico, presuntamente sin una evaluación adecuada de su capacidad financiera y con garantías insuficientes.
La Fiscalía sostiene que parte de los fondos desembolsados habría sido transferida a otras empresas vinculadas para cubrir sobregiros, cancelar obligaciones y sostener financieramente a sociedades del mismo grupo.
Uno de los movimientos cuestionados es la transferencia de una cartera de créditos a Vinanzas S. A., realizada el 15 de junio de 2026 por USD 74.418.418,12.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los recursos utilizados para adquirir esa cartera habrían provenido indirectamente de financiamientos concedidos por el propio banco.
Estas operaciones forman parte de las sospechas que deberán ser esclarecidas durante la investigación y no constituyen, por sí mismas, hechos delictivos judicialmente comprobados.
Cuatro fiscales integran el equipo investigador
La investigación está a cargo de un equipo conformado por los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designados mediante la Resolución FGE N.º 4393, del 3 de noviembre de 2026.
El Ministerio Público investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio, conforme a la imputación presentada.
Las diligencias se desarrollan después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera, el 2 de noviembre, el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, debido a que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50 % del mínimo legal requerido, según los antecedentes judiciales.
Con las prisiones preventivas, las restricciones patrimoniales y el requerimiento de información a Seprelad, la causa avanza tanto en el aseguramiento de los imputados como en la recopilación de documentación para reconstruir las operaciones financieras bajo sospecha.
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