El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó este viernes 6 de noviembre que G. 250.000 millones de recursos de la Caja Fiscal fueron colocados en Ueno Bank, entidad que actualmente se encuentra bajo un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La operación se realizó el 31 de julio de 2025, cuando la Caja Fiscal distribuyó un total de G. 1 billón entre cuatro bancos mediante Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), con un plazo de cinco años.
Según el comunicado oficial, Ueno Bank presentó la oferta de mayor rendimiento, con una tasa de interés anual del 12,35%. Aunque la entidad pretendía captar la totalidad de los G. 1 billón disponibles, el Ministerio le adjudicó únicamente el 25% de ese monto.
La explicación del MEF llega en medio de los cuestionamientos por el destino de los recursos públicos colocados en la entidad financiera y las investigaciones abiertas sobre sus operaciones.
¿Cómo terminó Ueno Bank con G. 250.000 millones?
Economía explicó que la adjudicación se realizó mediante un procedimiento competitivo establecido en el Manual de Procedimiento de Calificación de Inversión, aprobado por la Resolución MH N° 411/2019 y modificado por la Resolución CI N° 01/2020.
En el proceso participaron diez entidades financieras. Según la cartera, solamente podían competir bancos que contaran con una calificación mínima de riesgo AA.
Las propuestas fueron presentadas en sobres cerrados y evaluadas por un Comité de Inversiones, que aplicó criterios técnicos ponderados y un puntaje mínimo de admisión.
Ueno Bank ofreció una tasa del 12,35% anual, la más alta entre los participantes. Sin embargo, el MEF sostuvo que aplicó un criterio de diversificación para evitar concentrar todos los recursos en una sola institución.
De esa manera, Ueno recibió G. 250.000 millones, mientras que los restantes G. 750.000 millones fueron distribuidos entre otros tres bancos, cuyos nombres y montos individuales no figuran en el comunicado difundido este viernes.
¿Cuánto representan estos fondos?
El Ministerio precisó que los G. 250.000 millones adjudicados a Ueno equivalen al 8% de los recursos excedentes de la Caja Fiscal invertidos o colocados en el sistema financiero local.
Se trata de dinero público destinado a inversiones financieras y vinculado a la administración de los recursos de la Caja Fiscal, sistema que atiende obligaciones jubilatorias y de pensiones del sector público.
La colocación se hizo mediante certificados de depósito a cinco años. Por lo tanto, no se trataba de una cuenta corriente de disponibilidad inmediata, sino de una inversión con un plazo pactado.
No obstante, el comunicado no explica cuál será el tratamiento de esos certificados dentro del procedimiento de resolución bancaria ni precisa cuánto dinero podrá recuperarse, en qué plazos o bajo qué condiciones.
Economía reconoce diferencias entre lo que mostraba Ueno y lo detectado por el BCP
Uno de los puntos más importantes del comunicado es el reconocimiento de una diferencia sustancial entre la situación financiera que Ueno Bank mostraba públicamente en 2025 y la constatada esta semana por el organismo supervisor.
“La diferencia entre la situación que la entidad bancaria Ueno Bank mostraba públicamente en 2025 y la constatada esta semana por el órgano supervisor es sustancial”, señaló el MEF.
La cartera indicó que, a raíz de esa situación, presentó una denuncia ante el Ministerio Público el jueves 5 de noviembre de 2026.
También manifestó su disposición a entregar toda la documentación que requiera la Fiscalía para esclarecer los hechos.
El Ministerio no detalló en este comunicado cuáles fueron las irregularidades específicas que motivaron su denuncia ni identificó a los eventuales responsables.
Antecedentes: intervención bancaria e investigaciones judiciales
El pronunciamiento de Economía se produce después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera, el 2 de noviembre, el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank.
La medida desencadenó investigaciones fiscales y judiciales sobre presuntas operaciones financieras irregulares, entre ellas créditos otorgados a empresas relacionadas y movimientos de fondos bajo sospecha.
En el marco de estas investigaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva de seis personas vinculadas a la administración y fiscalización del banco, entre ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni y Miguel Ángel Almada Frutos. Estas medidas son cautelares y no constituyen condenas.
La situación también alcanzó a otras instituciones públicas. Petróleos Paraguayos (Petropar) informó que presentó una denuncia penal y que solicitó mecanismos para recuperar los depósitos que mantenía en Ueno Bank, sin precisar públicamente el monto involucrado.
A su vez, las operaciones de la entidad y los vínculos de su grupo empresarial se convirtieron en parte de los cuestionamientos expuestos durante el juicio político contra el presidente Santiago Peña.
Sin embargo, la existencia de inversiones públicas en Ueno Bank no demuestra por sí sola que el mandatario haya intervenido personalmente en las decisiones de adjudicación.
Las preguntas que siguen abiertas
Pese a las explicaciones del Ministerio de Economía, todavía quedan aspectos importantes sin respuesta: qué ocurrirá con los G. 250.000 millones colocados en Ueno, cómo se determinará su eventual recuperación y qué responsabilidades podrían establecerse si se comprueban irregularidades.
Tampoco se detalló si las autoridades que aprobaron la inversión recibieron posteriormente alertas sobre la situación financiera del banco ni qué medidas se adoptaron para proteger esos recursos.
El MEF sostuvo que el procedimiento de adjudicación se ajustó a las reglas vigentes y que colaborará con el Ministerio Público.
La documentación técnica de la colocación puede consultarse en el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.mef.gov.py/es/colocacion-recursos-caja-fiscal
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