Los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, representantes del presidente Santiago Peña, cuestionaron este viernes ante el Senado los fundamentos del juicio político contra el mandatario y sostuvieron que la acusación carece de pruebas suficientes para justificar su destitución. Durante una extensa exposición, rechazaron que el jefe de Estado sea responsable de las decisiones financieras de Ueno Bank, del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Instituto de Previsión Social (IPS). Además, plantearon que la renuncia presentada por Peña debería dejar sin efecto el procedimiento.
El presidente no acudió personalmente a la audiencia y ejerció su defensa a través de sus abogados, quienes también denunciaron que el tiempo concedido para estudiar el expediente y reunir elementos de descargo fue insuficiente.
La defensa se desarrolló en medio de la crisis financiera de Ueno Bank, que derivó en investigaciones penales, medidas judiciales contra sus directivos y cuestionamientos políticos sobre la actuación de las instituciones encargadas de supervisar el sistema financiero.
“No podemos destituir a un presidente con chismes”
Uno de los principales argumentos de Preda fue que el libelo acusatorio no identifica decisiones ilegales adoptadas personalmente por Peña ni presenta, según su interpretación, pruebas suficientes para atribuirle mal desempeño de sus funciones.
“Una cosa es traer recortes de tijerita de un medio de comunicación y otra muy distinta es traer pruebas para bajar a un presidente. Un recorte periodístico no es una prueba”, expresó.
El abogado cuestionó que la acusación se apoye en publicaciones periodísticas, declaraciones radiales, testimonios y cálculos elaborados por los propios acusadores.
“No podemos destituir a un presidente de la República con chismes, obviando todo el ordenamiento jurídico”, manifestó.
Preda también sostuvo que el documento reconoce la existencia de indicios, pero argumentó que estos deben ser investigados por los organismos competentes, como la Fiscalía y la Contraloría.
“Los indicios se investigan y para eso están los órganos correspondientes”, señaló.
A su criterio, la acusación tampoco demuestra los elementos necesarios para configurar un mal desempeño presidencial: una función atribuida legalmente al mandatario, una conducta propia en ejercicio de esa función y una norma vulnerada.
BCP e IPS: la defensa sostiene que Peña no podía ordenar sus decisiones
Preda rechazó que se responsabilice al presidente por las decisiones adoptadas por el Banco Central y el Instituto de Previsión Social.
Explicó que ambas instituciones son entes autárquicos, con autoridades y competencias establecidas por sus respectivas leyes, y sostuvo que no están sometidas a órdenes jerárquicas del presidente de la República.
Según su planteamiento, Peña no podía sustituir al directorio del BCP para dictar resoluciones de supervisión bancaria ni al Consejo de Administración del IPS para decidir sobre inversiones.
“¿En qué lugar entra aquí el presidente de la República? En ninguno”, afirmó al referirse a las competencias de ambos organismos.
El abogado también cuestionó que la acusación utilice el artículo 238 de la Constitución, referido a la dirección de la administración general del país, para atribuir al presidente responsabilidad por todas las decisiones de las instituciones estatales.
Aseguró que esa interpretación desconoce la autonomía de los entes descentralizados.
Límites crediticios de Ueno Bank: “Las dos cosas no”
Al responder a la tercera acusación del juicio político, Preda sostuvo que las operaciones crediticias de Ueno Bank y la fiscalización de sus límites legales corresponden a las autoridades de la entidad financiera y al Banco Central.
La defensa cuestionó que se atribuya a Peña responsabilidad por no remover al entonces presidente del BCP, al señalar que una decisión de esa naturaleza requiere una causal legal y la intervención del Senado.
También recordó que el propio Banco Central resolvió la intervención de Ueno Bank por unanimidad y presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
“¿O el Banco Central estaba cooptado o el Banco Central denunció al banco? Las dos cosas no”, cuestionó Preda.
Con este argumento, la defensa intentó refutar la hipótesis de que el organismo supervisor actuaba bajo el control del mandatario para favorecer a la entidad financiera.
Se trata, sin embargo, de una interpretación presentada por los abogados, que deberá ser contrastada con los fundamentos de la acusación.
La fecha en que Peña vendió su participación
Preda también utilizó antecedentes de la investigación penal sobre Ueno Bank para sostener que las operaciones cuestionadas ocurrieron después de que el presidente se desvinculara de una participación societaria relacionada con la entidad.
Según afirmó, Peña vendió esa participación en abril de 2025 y no era accionista directo del banco.
El abogado señaló que, conforme a la cronología de los hechos investigados por la Fiscalía que citó durante su exposición, las operaciones cuestionadas comenzaron posteriormente.
Entre ellas mencionó movimientos societarios, créditos sin garantías suficientes y una presunta venta simulada de cartera por aproximadamente USD 74 millones.
La defensa sostuvo que esas operaciones habrían sido realizadas para ocultar información al organismo supervisor, lo que, a su entender, contradice la acusación de que el BCP estaba al servicio del grupo empresarial.
Preda aclaró que se refería a la hipótesis inicial del Ministerio Público y que los hechos investigados todavía deberán ser demostrados dentro del proceso penal.
La conversión de Ueno en banco y los nombramientos del BCP
Otro punto abordado fue la transformación de Ueno de financiera a banco, autorizada mediante una resolución del directorio del BCP del 22 de noviembre de 2023.
Preda insistió en que la autorización correspondió al directorio del Banco Central y no al presidente de la República.
También recordó que, según los antecedentes expuestos por la defensa, tres de los cinco integrantes de aquel directorio habían sido designados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Respecto al nombramiento del presidente del BCP, argumentó que el Poder Ejecutivo propone al candidato, pero la designación requiere el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores.
Con ello, buscó cuestionar que la sola designación de una autoridad bancaria pueda considerarse una prueba de intervención indebida del mandatario.
Incremento patrimonial: defensa afirma que la Contraloría ya lo examinó
Al responder a la cuarta acusación, relacionada con el patrimonio de Peña, Preda sostuvo que el incremento cuestionado corresponde a actividades privadas anteriores a su asunción presidencial, el 15 de agosto de 2023.
Afirmó que la Contraloría General de la República examinó las declaraciones juradas del mandatario y determinó que existía correspondencia patrimonial.
Asimismo, defendió los créditos obtenidos por Peña para adquirir una vivienda y aseguró que sus condiciones están documentadas.
“Una denuncia y una prueba son dos cosas distintas”, expresó.
El abogado sostuvo que cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito debe ser investigada por el Ministerio Público y cuestionó que una denuncia sea presentada como prueba concluyente dentro del juicio político.
Las afirmaciones sobre la revisión patrimonial y los créditos corresponden a la exposición de la defensa.
Preda denuncia que no tuvieron tiempo para preparar la defensa
Antes de desarrollar los argumentos sobre el fondo de la acusación, Preda cuestionó el plazo concedido para examinar el expediente.
Según relató, el documento acusatorio llegó al presidente alrededor de las 22:30 del jueves, mientras que sus abogados recién tuvieron acceso a él durante la mañana del viernes.
Aseguró que ese tiempo no permitía analizar adecuadamente las acusaciones ni reunir documentación y testimonios para responderlas.
“Sin duda que el tiempo concedido para nada puede servir para ejercer una defensa”, manifestó.
El abogado señaló que, para rebatir las denuncias sobre supuestas injerencias presidenciales en organismos públicos, necesitaban entrevistar a funcionarios y obtener elementos documentales.
También advirtió contra la posibilidad de que las mayorías parlamentarias impongan decisiones sin respetar las garantías del procedimiento.
“Sobre lo que no podemos transigir son sobre las reglas de juego, sobre esas nunca”, afirmó.
La renuncia de Peña abre otra discusión jurídica
La defensa incorporó además un planteamiento sobre la continuidad misma del juicio político.
Preda sostuvo que el proceso perdió sentido después de que Santiago Peña presentara su renuncia a la Presidencia.
“Este proceso ya no tiene sentido porque estamos hablando de una persona que renunció y al renunciar él ya no tendría que ser sujeto de la potestad disciplinaria del Congreso porque el Congreso pierde competencia para juzgar a una persona que ya decidió no ejercer un cargo”, expresó.
Adolfo Ferreiro acompañó esta postura y argumentó que el juicio político está dirigido a funcionarios que se encuentran en ejercicio de sus cargos.
“Acá hay requisitos para ser sometido a juicio político. En todos los juicios políticos que he actuado este Senado cumplió el principio básico que ante la renuncia del funcionario cesaba el juicio político”, afirmó.
Ferreiro sostuvo que, una vez producida la salida del cargo, el afectado pasa a estar sujeto a los procedimientos judiciales ordinarios que pudieran corresponder.
También advirtió sobre las consecuencias institucionales de continuar con el proceso.
“Al negarle al presidente de la República el derecho a salirse del juicio político, es decir, a renunciar al privilegio que tiene, le estamos haciendo un daño al sistema institucional del país”, señaló.
La renuncia presentada por Peña todavía no había sido aceptada formalmente por el Congreso, luego de que la sesión conjunta convocada para tratarla quedara sin cuórum. Por ese motivo, el mandatario continuaba en funciones al momento de la audiencia.
La postura de los abogados sobre la pérdida de competencia del Congreso constituye, por tanto, un argumento jurídico de la defensa y no una decisión adoptada por el Senado.
Senado admite pruebas y convoca a otra sesión
Concluida la exposición de los abogados, el Senado resolvió admitir las pruebas ofrecidas por los fiscales acusadores.
Deja una respuesta