La crisis de Ueno Bank continúa sumando consecuencias judiciales y ahora también alcanza al presidente de la República, Santiago Peña, en el ámbito penal. Mientras seis imputados por presuntas irregularidades financieras recibieron prisión preventiva, el Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales a partir de denuncias relacionadas con la supervisión del banco, la colocación de fondos públicos y la actuación de distintas autoridades.
La apertura de las investigaciones quedó establecida mediante la Resolución F.G.E. N.º 4474, del 5 de noviembre de 2026, firmada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.
La decisión se produce en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, con Peña sometido a un juicio político en el Senado y su renuncia a la Presidencia todavía sin una resolución formal del Congreso.
Fiscalía abre tres causas penales por denuncias vinculadas a Ueno Bank
La resolución del Ministerio Público dispone abrir una causa penal por cada una de las tres denuncias recibidas y conformar un equipo especializado para llevar adelante las investigaciones.
Según el documento, los antecedentes son los siguientes:
1. Ampliación de una denuncia contra Santiago Peña
La primera investigación tiene como antecedente un escrito presentado por senadores y diputados de la nación, mediante el cual ampliaron una denuncia formulada el 22 de octubre de 2025 contra Santiago Peña Palacios.
El escrito fue registrado bajo el número de entrada 12355 y agrega hechos relacionados con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en la entidad y cuestionamientos a la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de instituciones públicas depositantes.
2. Denuncia de senadores contra autoridades nacionales
La segunda causa se origina en una denuncia presentada el 5 de noviembre de 2026 por senadores de la nación, registrada bajo el número de entrada 13762.
De acuerdo con la resolución, la presentación está dirigida contra el presidente de la República, el vicepresidente, el exministro de Economía y Finanzas, y autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La investigación deberá determinar si existen elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades penales por los hechos denunciados.
3. Denuncia presentada por Óscar Lovera
El tercer antecedente mencionado es una denuncia presentada por Óscar Lovera Chávez, ministro de Economía y Finanzas.
La resolución confirma su incorporación al conjunto de actuaciones que dieron lugar a la apertura de las tres causas, aunque no desarrolla en el documento difundido los hechos específicos denunciados por Lovera.
Por lo tanto, todavía no corresponde atribuirle un contenido concreto a esa denuncia sin acceder a su presentación original.
Designan a tres fiscales para investigar las denuncias
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo integrado por tres agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Los designados son:
- Elena Fiore Franco, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos N.º 1.
- Silvia González Vetter, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos N.º 3.
- Christian Manuel Cáceres, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos N.º 6.
El equipo trabajará bajo la dirección de Silvia Margarita González Vetter y la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores tendrán a su cargo el análisis de las denuncias y la realización de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
La apertura de una causa penal no equivale a una imputación ni demuestra la responsabilidad de las personas denunciadas.
Justicia ordena prisión preventiva para seis imputados por Ueno Bank
En paralelo a estas nuevas investigaciones, la causa penal n.º 89/2026, relacionada directamente con presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank, registró importantes decisiones judiciales.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 359, del 5 de noviembre, el juzgado ordenó la prisión preventiva de seis imputados:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti, identificado por la Fiscalía como vicepresidente primero y beneficiario final de Ueno Bank.
- Juan Manuel Gustale Cardoni, integrante del directorio.
- Julio Daniel Rey Fernández, integrante del directorio.
- Alejandro Gómez Abente, integrante del directorio.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller, integrante del directorio.
- Miguel Ángel Almada Frutos, síndico de la entidad.
La resolución judicial analiza los riesgos procesales y las garantías ofrecidas por las defensas, que incluyeron solicitudes de medidas alternativas a la prisión.
El juzgado consideró insuficientes las garantías presentadas y dispuso la prisión preventiva de los seis procesados.
Se trata de medidas cautelares destinadas a asegurar el desarrollo del proceso, no de condenas.
Otros dos investigados recibieron arresto domiciliario
Según la información publicada en la portada de Ñanduti del viernes 6 de noviembre, otros dos integrantes vinculados al caso Ueno Bank recibieron arresto domiciliario.
La medida se suma a las seis prisiones preventivas dictadas en la investigación.
Sin embargo, en la documentación judicial disponible hasta el momento no se identifican los nombres de esas dos personas ni los fundamentos específicos de la decisión.
Por esa razón, el dato queda consignado conforme a lo publicado por Ñanduti, a la espera de la resolución judicial correspondiente.
Investigan préstamos, sobregiros y operaciones con empresas vinculadas
La causa principal de Ueno Bank se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de préstamos, sobregiros y movimientos financieros entre empresas vinculadas.
Según la hipótesis del Ministerio Público, algunas operaciones se habrían realizado sin evaluaciones adecuadas de la capacidad de pago de las sociedades beneficiadas o con garantías insuficientes.
Entre los movimientos bajo investigación figura una transferencia de cartera de créditos a Vinanzas S. A. por USD 74.418.418,12, operación mencionada en los antecedentes judiciales.
Los investigadores buscan determinar cómo se aprobaron estas operaciones, cuál fue el destino de los recursos y si existieron conductas que puedan configurar hechos punibles.
Congelan cuentas y restringen bienes de 34 personas y empresas
Otra de las medidas adoptadas en la causa n.º 89/2026 fue la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y la prohibición de vender o gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas.
La decisión judicial busca preservar recursos patrimoniales mientras avanzan las investigaciones.
El juzgado dispuso comunicar las medidas al Banco Central del Paraguay y a la Dirección General de los Registros Públicos para su cumplimiento.
Las restricciones tienen carácter provisional y no constituyen una determinación de culpabilidad.
Seprelad deberá remitir información sobre 27 imputados y 20 empresas
La Fiscalía también solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) información financiera y societaria de 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
El requerimiento fue realizado por la agente fiscal Yeimy Adle el 5 de noviembre, con un plazo de cinco días hábiles para la remisión de los informes.
Entre las empresas mencionadas figuran ITTI S. A. E. C. A., Vinanzas S. A., Mowi S. A., Grupo Hendy S. A., Grupo M S. A., Tuiu S. A., Franede S. A. y Aime S. A. Corredores de Seguros, entre otras.
La diligencia apunta a reunir antecedentes financieros y societarios que permitan reconstruir las relaciones económicas y las operaciones examinadas por el Ministerio Público.
Allanamientos en ITTI y otras oficinas del Grupo Vázquez
Las actuaciones fiscales también incluyeron allanamientos en oficinas vinculadas al Grupo Vázquez, entre ellas las instalaciones de ITTI, en el piso 11 de la Torre 3 de Paseo La Galería, en Asunción.
Durante el procedimiento, los investigadores incautaron notebooks, equipos CPU, discos duros, teléfonos celulares, carpetas y biblioratos.
Los elementos serán sometidos a análisis para determinar si contienen información relevante para la investigación.
También se reportaron procedimientos en oficinas de la Torre 2 del mismo complejo y en la residencia de Miguel Vázquez.
Peña enfrenta investigaciones penales y un juicio político
La apertura de las tres causas penales agrega una nueva dimensión a la crisis que enfrenta Santiago Peña.
Por un lado, el Ministerio Público deberá analizar las denuncias y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con eventuales imputaciones.
Por otro, el Senado tramita un juicio político contra el presidente, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación.
Ambos procedimientos son distintos: las investigaciones penales buscan determinar posibles responsabilidades por hechos punibles, mientras que el juicio político examina la eventual responsabilidad constitucional del mandatario en el ejercicio de sus funciones.
Peña anunció que ejercerá su defensa ante el Senado y aseguró que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, el caso Ueno Bank continúa bajo investigación, con medidas cautelares, allanamientos, pedidos de informes y nuevas causas penales abiertas.
Hasta el momento, la resolución fiscal no establece la culpabilidad de Santiago Peña ni de las demás autoridades denunciadas.
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